Este texto es una pieza de ficción. No describe a un país en particular ni a una administración determinada. Imagina un escenario posible —presente en buena parte, aunque no en la totalidad de las realidades aduaneras del mundo— en el cual los despachantes de aduana siguen existiendo, pero son tratados como figuras decorativas dentro de la gobernanza. Si el lector encuentra parecidos con la realidad, la responsabilidad será de la reflexión, no de la intención.

1. El espejismo de la modernidad perfecta

En el país imaginario de esta crónica, la Aduana se definía a sí misma como una “administración de frontera de nueva generación”.

En cada congreso, en cada foro internacional, en cada documento de planificación estratégica, se repetía la misma coreografía discursiva:

• referencia al SAFE revisado, con sus pilares de seguridad de la cadena, gestión de riesgos, cooperación aduana–empresa,
• mención al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,
• slides relucientes con términos como big data, inteligencia artificial, blockchain, ventanilla única electrónica, gestión coordinada de fronteras, interoperabilidad en tiempo real entre organismos nacionales y administraciones aduaneras socias.

Las presentaciones eran impecables.

Gráficos de colores mostraban:

• tiempos de despacho en descenso,
• porcentajes crecientes de declaraciones anticipadas,
• tasas de selectividad “optimizadas” por algoritmos,
• compromisos de adaptación al SAFE 2025 y a la agenda Green Customs.

Era difícil no dejarse seducir por ese relato.

Sin embargo, detrás de la narrativa de modernización había un dato mucho menos glamoroso: el número de funcionarios de la propia Aduana venía cayendo de forma sostenida desde hacía años.

Jubilaciones sin reemplazo.
Concursos demorados.
Reestructuraciones que, bajo el rótulo de “eficiencia”, implicaban hacer más con menos.

La consigna tácita se había instalado sin mucha discusión:
menos dotación, más sistema.

La solución mágica parecía ser siempre la misma:
si faltan personas, que sobren algoritmos.

1. Interoperabilidad: sistemas que hablan entre sí… ¿y quién habla por la frontera?

Al mismo tiempo, la interoperabilidad avanzaba con velocidad vertiginosa.

En el país imaginario, la Aduana se integró a redes de:

• intercambio automático de información con otras administraciones aduaneras,
• ventanillas únicas nacionales conectadas a organismos tributarios, sanitarios, ambientales y bancarios,
• plataformas privadas de logística y transporte capaces de transmitir, casi en tiempo real, datos de carga, de ruta, de seguridad.

En teoría, era el sueño de cualquier planificador:

• aduanas que se hablan entre sí,
• aduanas que hablan con otras agencias,
• sistemas que hablan con sistemas,
• una arquitectura de datos que prometía anticipar riesgos antes de que las mercaderías llegaran siquiera a la frontera.

En los documentos, el sector privado aparecía como “socio clave”. Se mencionaban:

• operadores económicos autorizados,
• grandes integradores logísticos,
• cámaras empresarias,
• plataformas tecnológicas globales.

Las organizaciones de despachantes de aduana también aparecían nombradas, pero de una manera curiosa: siempre en los considerandos, nunca en los artículos que definían la composición de los órganos de gobernanza.

En la letra de los protocolos, se hablaba de ellas como “aliados esenciales”.
En los organigramas reales, brillaban por su ausencia.

La interoperabilidad avanzaba, sí; pero avanzaba fundamentalmente entre estructuras estatales y grandes conglomerados económicos.

La profesión que, históricamente, había habitado el punto más sensible de la frontera —el interfaz concreto entre norma y carga, entre contrato y contenedor— quedaba cada vez más en los márgenes.

III. El despachante en los textos: mucho más que un gestor de trámites

Enrique Valença, el protagonista de esta crónica, no era despachante.

Era abogado aduanerista, profesor de derecho constitucional y derecho aduanero comparado, obsesivo lector de doctrina y, sobre todo, un observador incómodo de las incoherencias del sistema.

Conocía bien la literatura especializada. Había estudiado trabajos que mostraban cómo el despachante de aduana, en su consolidación histórica, había dejado de ser un simple gestor de papeles para convertirse en:

• un profesional especializado en cumplimiento normativo,
• un operador experto en sistemas informáticos de despacho,
• un traductor técnico entre los operadores del comercio y las exigencias de la administración aduanera,
• un actor con responsabilidad social en la prevención del fraude y la defensa de la legalidad económica.

Algunos autores lo habían comparado con figuras clásicas como el médico, el abogado o el contador público:

• el médico protege la salud,
• el abogado, la justicia y la libertad,
• el contador, la transparencia económica y fiscal,
• el despachante de aduana protege la legalidad del comercio internacional, la corrección de las declaraciones y, en última instancia, la seguridad económica y tributaria de la frontera.

Esa doctrina insistía, una y otra vez, en la dimensión ética de la profesión:

• deber de veracidad,
• deber de diligencia técnica,
• deber de colaboración con el control aduanero,
• deber de rechazar operaciones que supongan fraude o simulación.

Por eso, para Enrique, resultaba particularmente chocante la distancia entre esa figura robusta, casi heroica, que emergía de los textos… y el papel decorativo que muchas administraciones parecían asignarle en la práctica.

1. La “internet muerta” y el esbozo de una “aduana muerta”

Fue en una conferencia sobre tecnología y democracia donde Enrique se topó por primera vez con la expresión “internet muerta”.

El concepto era inquietante:

un ecosistema digital que, a partir de cierto punto, deja de nutrirse de experiencias humanas genuinas y empieza a alimentarse de contenido generado por máquinas, reciclado, amplificado, recombinado, hasta que la red se vuelve básicamente autorreferencial.

Los sistemas se entrenan con sus propios productos, los refinan, los vuelven a usar como insumo, y así sucesivamente.

Todo parece correcto, ordenado, eficiente.
Pero el vínculo con la realidad concreta se va debilitando.

Enrique se preguntó si algo similar no estaba ocurriendo en la gobernanza aduanera de su país imaginario —y, quizás, de buena parte del mundo—:

• modelos de riesgo entrenados con sus propios outputs históricos,
• estadísticas que dialogaban sólo con otras estadísticas,
• indicadores de desempeño que se comparaban entre sí, pero raramente se contrastaban con la vivencia de quienes veían las maniobras en el terreno.

A esa posibilidad la empezó a llamar, para provocarse a sí mismo:
“la aduana muerta”.

No se trataba de una Aduana sin funcionarios, ni de una Aduana sin ley, sino de una administración que se retroalimentaba casi exclusivamente de:

• sus datos,
• sus algoritmos,
• sus informes,
• sus presentaciones.

Una aduana que hablaba muchísimo con sistemas y muy poco con personas, especialmente con aquellas personas que habían sido históricamente sus aliadas en la frontera: los despachantes de aduana.

1. La escena en la OMA: interoperabilidad sin cuerpo intermedio

La crónica sitúa entonces a Enrique en una sala de conferencias de la Organización Mundial de Aduanas.

El panel lleva un título seductor:

“SAFE 2025, interoperabilidad y gobernanza global del riesgo aduanero”.

En la pantalla se proyectan mapas llenos de flechas:

• flujos de datos entre aduanas,
• acordos de intercambio de información,
• redes de ventanilla única,
• proyectos piloto de single window regional,
• iniciativas de Green Customs integrando aduanas, autoridades ambientales y organismos internacionales.

En un momento, el expositor principal enumera con orgullo a los “socios estratégicos del lado privado”:

• grandes armadores,
• empresas de transporte expreso,
• plataformas globales de comercio electrónico,
• asociaciones de aerolíneas de carga,
• cámaras empresarias.

Enrique mira la lista y espera, casi como una obviedad, escuchar el nombre de alguna federación de despachantes.

La palabra nunca llega.

Cuando se abre el espacio para preguntas, levanta la mano.

— Me gustaría plantear una cuestión —dice—. Si el marco SAFE enfatiza la cooperación público-privada y la gestión compartida del riesgo, ¿en qué parte de esta arquitectura de interoperabilidad se sitúan las organizaciones representativas de los despachantes de aduana?

Silencio breve. Sonrisa diplomática.

— Están contempladas, por supuesto, dentro de la categoría “sector privado en general —responde el moderador—. Cuando convocamos al sector privado, están invitadas como cualquier otro actor.

Enrique insiste, con cortesía firme:

— Sin embargo, la presentación distingue, de manera explícita, a armadores, integradores, plataformas, cámaras, asociaciones sectoriales. ¿Existe algún mecanismo que reconozca a las organizaciones de despachantes como un cuerpo diferenciado? ¿Algún tipo de asiento institucionalizado en los grupos que definen parámetros de riesgo, estándares de interoperabilidad, lineamientos de Green Customs?

Un poco incómodo, el expositor responde:

— La participación se va construyendo caso a caso. No podemos multiplicar las sillas indefinidamente. Lo importante es que el ecosistema funcione.

Enrique anota mentalmente:

“La red es sofisticada; la teoría es impecable; pero el cuerpo intermedio que más sabe de la frontera aparece diluido en el genérico ‘sector privado’”.

Era la “aduana muerta” en versión diplomática: muchos sistemas hablando entre sí, pocos espacios reales para la voz profesional del despachante.

1. Fraudes elegantes en un sistema satisfecho de sí mismo

Mientras tanto, en el país imaginario, el día a día de la frontera seguía su curso.

Los modelos de riesgo funcionaban, en apariencia, razonablemente bien:

• los canales verde, amarillo y rojo se distribuían según parámetros preestablecidos,
• los tiempos de despacho se mantenían dentro de las metas,
• las auditorías internas detectaban algunos desvíos, pero nada que pareciera sistémico.

Sin embargo, comenzaron a aparecer casos extraños.

El primero fue un esquema de triangulación comercial:

• empresa A, en un país de baja tributación, compraba productos de una jurisdicción de alto valor agregado,
• revendía a empresa B, ubicada en un tercer país,
• desde allí, la mercadería se exportaba al país imaginario, con un precio que, visto aisladamente, no parecía descabellado.

Las declaraciones aduaneras:

• venían anticipadas,
• cumplían con todos los requisitos documentales,
• estaban clasificadas de acuerdo con las Notas Explicativas,
• se ajustaban a los criterios de valor de transacción… al menos formalmente.

Los sistemas no marcaban nada raro.

Pero, en el mercado local, los productos se ofrecían a precios difícilmente compatibles con la estructura de costos “oficial”.

El caso se descubrió cuando una investigación de inteligencia financiera, ajena al circuito aduanero, detectó movimientos sospechosos entre las cuentas de A y B.

¿Por qué la aduana no había visto nada?

Porque, desde la lógica de la “aduana muerta”, la operación era perfecta:

• datos consistentes,
• declaraciones completas,
• perfiles de riesgo moderados,
• ningún antecedente significativo.

Hubo otros casos:

• uso abusivo de regímenes aduaneros especiales vinculados a incentivos ambientales,
• operaciones de subfacturación con contratos de servicios inflados en jurisdicciones opacas,
• cadenas de intermediación diseñadas para difuminar el verdadero origen de la mercadería.

Lo inquietante era que, en no pocas de esas operaciones, algún despachante había sentido que algo no cerraba.

Había dudas sobre:

• la consistencia del precio,
• la lógica comercial de la triangulación,
• la combinación de códigos arancelarios y regímenes.

Pero esas intuiciones se quedaban, la mayoría de las veces, en conversaciones de pasillo:

— Mirá, esto está “demasiado prolijo” para ser real.
— Sí, pero el sistema no marca nada. Y si yo freno al cliente, me cambia por otro.

No había:

• comisiones técnicas mixtas para discutir tipologías,
• protocolos institucionales para elevar una alerta,
• canales confiables para que un despachante pudiera decir “esto me huele mal” sin quedar expuesto o estigmatizado.

La “aduana muerta” estaba demasiado ocupada felicitándose a sí misma como para escuchar esos susurros.

VII. Profesiones, cuerpos intermedios y la incomodidad necesaria

En una de sus clases, Enrique decidió abordar el tema desde la teoría de las profesiones.

Les dijo a sus alumnos:

— Las profesiones no son una casualidad histórica. Surgen cuando la sociedad identifica que cierto bien es tan importante que necesita confiarlo a un grupo de personas que se obligan, públicamente, a actuar con pericia y con ética.

Y enumeró:

• la medicina, para la protección de la vida y la salud,
• la abogacía, para la defensa de la libertad y la justicia,
• la contaduría, para la integridad de la información económica y fiscal.

Luego agregó:

— El despachante de aduana, cuando es concebido como profesión y no como “tramitador de lujo”, pertenece a esta misma familia. Su objeto es la legalidad del comercio internacional, la corrección de las declaraciones, la seguridad tributaria y económica de la frontera. Cuando cumple su función, no sólo presta un servicio al cliente: presta un servicio al Estado y a la sociedad.

Uno de los alumnos preguntó:

— ¿Y qué pasa cuando el sistema lo trata como un actor más del mercado, intercambiable, prescindible?

Enrique respondió:

— Entonces se produce una distorsión grave: la sociedad cree que ha delegado un bien esencial en un cuerpo profesional, pero, en la práctica, lo expulsa de los espacios donde se decide cómo se gestiona ese bien. O lo relega a funciones marginales. Es como declarar que el médico es el garante de la salud pública y, al mismo tiempo, excluirlo de las políticas sanitarias.

En el caso aduanero, esa expulsión no era explícita. Nadie decía: “no queremos despachantes”.

La expulsión se daba por omisión:

• no se les daban sillas estables en los órganos de gobernanza,
• no se los integraba sistemáticamente a los grupos sobre riesgo, fraude, interoperabilidad,
• se los invitaba a actos, no a decisiones.

Así, poco a poco, el sistema se iba quedando sin contratapas.

Sin esa incomodidad necesaria que surge cuando un cuerpo intermedio serio se sienta a la mesa y dice:

• “esto es técnicamente peligroso”,
• “esto podría abrir una brecha de fraude”,
• “esto, aunque eficaz en números, debilita la integridad del sistema”.

VIII. No todos son iguales: la excepción que confirma la regla

La crónica, sin embargo, no cae en el simplismo de pintar al mundo entero con el mismo pincel.

Enrique conocía experiencias distintas.

Había países donde:

• los colegios de despachantes participaban, con voz y voto, en los comités nacionales de facilitación del comercio,
• las federaciones profesionales tenían lugares reservados en los consejos consultivos de las aduanas,
• existían grupos mixtos para elaborar tipologías de fraude, revisar criterios de clasificación y evaluar impactos de nuevos regímenes.

En esas jurisdicciones:

• la interoperabilidad digital había sido diseñada desde el inicio con un lugar específico para el despachante,
• los sistemas de ventanilla única incorporaban interfaces pensadas para la profesión, con canales de ida y vuelta,
• los programas de OEA reconocían explícitamente el rol del despachante como actor de cumplimiento, no solamente como “prestador tercerizado”.

No eran mayoritarios, pero tampoco anecdóticos.

Eran la prueba de que otra forma de gobernanza era posible: una interoperabilidad viva, que no renuncia ni a la tecnología ni a la inteligencia profesional.

En contraste, la mayoría de los países del mundo imaginario de Enrique se parecían más bien al modelo de “aduana muerta”: mucha sofisticación técnica, poca escucha institucional de los cuerpos intermedios.

1. El giro: cuando el sistema comienza a sentirse incómodo consigo mismo

En el relato, la crisis termina por llegar.

No en forma de catástrofe cinematográfica, sino de desgaste acumulado:

• informes de organismos internacionales señalando brechas persistentes de fraude y elusión,
• casos de corrupción vinculados a regímenes especiales mal controlados,
• críticas crecientes de la ciudadanía por la percepción de que “los grandes siempre encuentran la forma de esquivar la ley, mientras los pequeños pagan todo”.

En ese contexto, un nuevo equipo de conducción llega a la cima de la Aduana del país imaginario.

En una de las primeras reuniones, una directora joven, con experiencia en análisis de políticas públicas, se atreve a decir:

— Tal vez el problema no sea sólo técnico. Tal vez estemos atrapados en una lógica de “aduana muerta”: sistemas que se validan a sí mismos, indicadores que se comparan con otros indicadores, pero poca conexión con quienes realmente pisan el barro de la operación.

Otro director, de perfil más tradicional, objeta:

— Pero tenemos mesas con el sector privado, con cámaras, con grandes operadores. No estamos aislados.

La directora responde:

— Sí, pero fijate quién falta siempre: las organizaciones de despachantes de aduana. Están en todas las fotos institucionales, pero casi nunca en las decisiones estructurales. Sin embargo, cuando uno lee la doctrina, cuando uno mira comparado, te dicen que el despachante es un profesional clave, un auxiliar de la función pública aduanera, un actor con deberes éticos específicos.

Alguien sugiere organizar un “foro de alto nivel” para discutir el tema.

Enrique es invitado como ponente.

1. Foro nacional: de la queja a la corresponsabilidad

El día del foro, el auditorio está lleno:

• funcionarios de distintas áreas de la Aduana,
• representantes de otros organismos públicos,
• cámaras empresarias,
• grandes operadores logísticos,
• y, esta vez, varias organizaciones de despachantes de aduana.

El programa incluye una mesa que llama la atención:

“Profesión despachante, SAFE 2025 e interoperabilidad: ¿aliado estratégico o figura decorativa?”

En el panel se sientan:

• la directora joven,
• el presidente de una federación nacional de despachantes,
• un académico especializado en profesiones reguladas,
• y Enrique.

Le toca hablar primero al presidente de la federación.

Se aclara la garganta, mira el auditorio y dice:

— Durante años, nuestras entidades aceptamos, en la práctica, un papel decorativo. Fuimos a los actos, a las fotos, a los cócteles. Nos quejamos en privado, pero pocas veces fuimos capaces de formular propuestas estructuradas sobre gobernanza, riesgo, interoperabilidad.

Hace una pausa y continúa:

— Sin embargo, el mundo cambió. La dotación de las aduanas se redujo, la tecnología avanzó, la delincuencia económica se sofisticó. Y nosotros seguimos discutiendo, muchas veces, sólo cuestiones internas. Eso fue un error.

Hay un murmullo leve. Nadie está acostumbrado a escuchar autocrítica en boca de una dirigencia gremial.

— Hoy —prosigue— quisiera proponer otra cosa. Si la doctrina nos reconoce como una profesión, si el marco SAFE nos menciona como socios, si la sociedad nos exige ética y responsabilidad, entonces no podemos seguir pidiendo sólo “reconocimiento”. Tenemos que ofrecer corresponsabilidad.

Y presenta una agenda concreta:

1. Eje técnico
• creación de comisiones permanentes Aduana–Despachantes para discutir tipologías de fraude, regímenes, criterios de clasificación y ajustes en los modelos de riesgo,
• participación regular de las entidades en consultas públicas sobre normativa aduanera y tributaria vinculada al comercio exterior.
2. Eje ético
• adopción y aplicación estricta de códigos de conducta profesional,
• mecanismos internos de sanción para despachantes que participen conscientemente en maniobras ilícitas,
• canales de cooperación con la Aduana para la denuncia responsable de operaciones sospechosas.
3. Eje institucional
• inclusión formal de las organizaciones de despachantes en los órganos consultivos de la Aduana,
• participación estructurada en los comités nacionales de facilitación del comercio,
• presencia en grupos de trabajo sobre digitalización, interoperabilidad y Green Customs.

Cuando termina, el aplauso es más fuerte de lo esperado.

No por demagogia, sino porque muchas de las personas presentes reconocen, en esas palabras, algo largamente postergado: la idea de que la profesión no pide sólo “ser escuchada”, sino que acepta “ser medida” con estándares más exigentes.

1. La síntesis de Enrique: cómo evitar que la aduana se convierta en un sistema autorreferencial

En la mesa de cierre, le toca a Enrique hacer una síntesis.

Dice:

— Nuestra hipótesis de trabajo es simple, aunque incómoda: una aduana que reduce su dotación humana, se apoya cada vez más en sistemas automatizados, multiplica la interoperabilidad digital, pero mantiene a los despachantes de aduana en un lugar decorativo, corre el riesgo de convertirse en una especie de “aduana muerta”.

Explica:

• una aduana donde los modelos de riesgo se alimentan casi sólo de sus propios resultados anteriores,
• donde los indicadores de gestión se diseñan y evalúan dentro de un circuito cerrado,
• donde el diálogo con el sector privado se limita, muchas veces, a grandes actores corporativos,
• donde los cuerpos intermedios profesionales aparecen en el protocolo, pero no en la gobernanza.

Y agrega:

— Frente a ese riesgo, la respuesta no puede ser ni la nostalgia por tiempos pasados ni la idolatría de la tecnología. La respuesta es profesionalización y apertura: profesionalización de la Aduana, que debe asumir que no puede controlarlo todo sola; profesionalización de los despachantes, que deben aceptar estándares éticos y técnicos más altos; apertura de ambos a una forma de cooperación que no sea ni sumisión ni captura.

Finalmente, formula la pregunta que da sentido a toda la crónica:

— ¿Queremos una gobernanza aduanera que se parezca a la “internet muerta”, repitiéndose a sí misma en un ecosistema de datos que se confirman mutuamente, o queremos una gobernanza viva, donde la tecnología y los sistemas se pongan al servicio de decisiones en las que también cuenten la experiencia, la ética y la intuición profesional?

El salón queda en silencio unos segundos.

No hay respuesta inmediata, pero la pregunta ya no puede deshacerse.

XII. Epílogo: aduana viva, profesión viva

El relato se cierra con una imagen simple.

Años después del foro, el país imaginario ha dado algunos pasos:

• las comisiones técnicas mixtas Aduana–Despachantes funcionan de manera regular,
• los códigos de ética de la profesión se aplican con más rigor,
• algunos casos de fraude se desbaratan gracias a alertas conjuntas,
• la interoperabilidad sigue avanzando, pero ahora se diseñan interfaces específicas para incorporar la mirada del despachante como usuario clave del sistema.

No es un paraíso. Todavía hay:

• tensiones,
• resistencias,
• viejos hábitos que se resisten a morir.

Pero algo cambió:

la aduana dejó de hablar sólo con sus propios sistemas y empezó a escuchar, de manera institucionalizada, a quienes viven la frontera desde abajo.

Enrique, ya mayor, escribe en sus notas:

“La aduana no está llamada a elegir entre tecnología y profesión, entre interoperabilidad y cuerpos intermedios. Está llamada a integrar. Cuando los cuadros humanos se reducen y los sistemas se multiplican, el despachante de aduana, como profesión regulada, se vuelve todavía más necesario, no menos. Sin él como aliado estratégico, la aduana corre el riesgo de aplaudirse a sí misma… mientras la realidad se le escapa por las grietas invisibles de los datos.”

Y concluye con una frase que, quizás, podría haber gustado a Oscar Wilde:

“En la frontera, como en la vida, el verdadero peligro no son los enemigos declarados, sino los amigos reducidos a ornamento. A esos, el sistema les ofrece discursos… y les pide silencio. La tarea de nuestro tiempo es, precisamente, devolverles la voz.”

Porque, incluso en una pieza de ficción, cuesta imaginar una aduana verdaderamente segura y conforme que haya decidido, por omisión, prescindir de su aliado más noble: el despachante de aduana.